Diccionario jurídico: Administración de justicia

El término Juzgado aparece en algunos contratos, por ejemplo en las cláusulas que regulan el fuero judicial aplicable. Los procesos judiciales en la primera instancia no es raro que tarden de uno a tres años, o incluso más, antes de obtener una sentencia. Tras el Juzgado de Primera Instancia, con independencia de la cuantía del litigio, se puede recurrir al tribunal de segunda instancia, la Audiencia Provincial. Incluyendo el procedimiento de recurso, pueden pasar hasta cinco años antes de conseguir finalmente una resolución. Por desgracia, en España no hay normas obligatorias de imposición de costas, por lo que una victoria parcial puede suponer que uno tenga que afrontar las cantidades correspondientes a las minutas de sus propios abogados y procuradores.

Se trata de un instrumento de ejecución. Se trata, por ejemplo, de una providencia dictada contra una cuenta bancaria concreta o de una especie de hipoteca forzosa que se inscribe en el Registro de la Propiedad como instrumento ejecutivo.

Se trata del registro en el que se inscriben los nacimientos, las defunciones y los matrimonios, y que se lleva en el Juzgado de la localidad, y no en la administración municipal. También es aquí donde se obtienen los documentos de estado civil internacionales conforme al Convenio de Viena de 1976 en las lenguas oficiales europeas; estos documentos no requieren traducción ni apostilla.

Que cónyuges hagan vida separa, lo que antes —a diferencia de Alemania— requería una autorización judicial, siempre que se trate de personas que actúen sujetas al Derecho de familia español. Hoy en día, este requisito del divorcio ha desaparecido en España y en el caso de los alemanes tampoco era aplicable antes.
Existe la posibilidad de seguir un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, al igual que en Alemania, sin complicaciones y rápido. Los procedimientos conflictivos son muy estresantes y deben desaconsejarse. En España es necesario presentar una propuesta de convenio regulador junto con la solicitud de divorcio, y en dicho convenio puede regularse todo. Por lo tanto, la disputa puede resolverse con el abogado, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

Se trata de una figura auxiliar de la justicia, y se sitúa entre el abogado y el Juzgado. Es un cuerpo profesional colegiado que tiene poco sentido, se encarga de supervisar los plazos judiciales y, a diferencia de los juzgados, cuesta dinero. Con una cierta ironía se les podría llamar «carteros universitarios», ya que estos profesionales han debido superar la carrera de Derecho. El procurador está presente con su toga incluso en la vista oral, sin decir una palabra, y ello tan sólo para que el abogado mantenga su capacidad de postulación procesal. En la última reforma de la legislación procesal civil se ha intentado suprimir esta absurda figura, pero el grupo de presión de los procuradores ha logrado defenderse con éxito.